Debido a su importancia para una correcta
especificación de los derechos de propiedad y su impacto en la economía, el mercado
de servicios notariales ha estado bajo el escrutinio no solo desde la perspectiva
de la literatura de competencia económica, sino también de diversas autoridades
de competencia y países en el mundo. Diversos estudios de organismos internacionales
como la OCDE han estudiado el sector desde la perspectiva de regulación y competencia
económica.
México no es la excepción. Recientemente, la extinta
Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) realizaron estudios sobre el tema
desde dicha perspectiva. Estos estudios concluyen en la necesidad de diseñar
una política pública de competencia en el ramo de los servicios notariales cuyo
eje sea incrementar el número de notarías para corregir las fallas de mercado.
No obstante, aunque dichos estudios constituyen un
primer esfuerzo sobre el tema en nuestro país, no brindan una visión integral y
comprensiva de las condiciones de competencia del mercado de servicios notariales.
Más aún, el diagnóstico de la problemática de competencia que
identifican no es del todo correcto. Considero que el tema es más complejo y
que su atención no puede reducirse exclusivamente a una cuestión relativa a la oferta
económica. Existen otros factores de demanda (por ejemplo de demanda como el
ingreso, el nivel de educación, entre otros) que también son parte de la
problemática de competencia respecto al mercado de servicios notariales.
El
“espectro de competencia” en el mercado de servicios notariales en el Distrito
Federal se compone por 240 notarias y 80 corredurías
públicas distribuidas en las 16 delegaciones.[
Como se puede observar, tanto las notarías como las corredurías se concentran
en pocas delegaciones. Tres delegaciones concentran el 65% de las notarías;
Benito Juárez (56), Miguel Hidalgo (53) y Cuauhtémoc (47).
Llama la atención que son las mismas delegaciones las que concentran el 63% de las corredurías públicas. Aunque el grado de "impugnación" de las corredurías es menor, es decir, la ley sólo le permite a las corredurías "competir" en el rubro de servicios mercantiles, es interesante observar que "estratégicamente" las corredurías, que también cuentan con fe pública, están ubicadas en las mismas zonas que las notarías.
Las notarías y las
corredurías prácticamente presentan la misma distribución en las delegaciones
del D.F. En este contexto, resulta pertinente preguntarse si entre los factores
a los que se puede atribuir este fenómeno, se encuentra un tema de barreras a
las condiciones de competencia desde la perspectiva de la nueva Ley Federa de Competencia Económica.
Por otro lado, las delegaciones
con pocas notarias como Azcapotzalco (7), Gustavo A. Madero (5), Iztacalco (2),
Iztapalapa (2), Magdalena Contreras (1) y Xochimilco (1), no cuentan con
ninguna correduría pública.
Desde la perspectiva de densidad poblacional, las
delegaciones más pobladas tienen una tasa de notarios por cada 100 mil
habitantes inferior a las menos pobladas. Por ejemplo, las delegaciones más
pobladas: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, presentan tasas de notarios de
solamente 0.28 y 0.11 respectivamente, mientras que las delegaciones como
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, poseen tasas de 14.53, 8.84 y 14.21
respectivamente. El mismo comportamiento presentan las tasas de corredurías por
cada 100 mil habitantes; las delegaciones menos pobladas cuentan con las tasas
mayores, mientras las delegaciones más pobladas ostentan las tasas menores.
En este contexto, una política de competencia que tenga como objetivo
central el aumento de disponibilidad de notarías con base en criterios de
densidad poblacional y de indicadores de tasa de notarios (notarios por
habitante o habitantes por notario), no es plausible, y por tanto no debería
ser deseable desde una perspectiva de eficiencia económica.
El diseño y discusión de la política de competencia en este mercado debería tener como piso mínimo tres directrices: i) diseño de “notarias de bajo
costo” o “impugnación de mercados” en zonas geográficas específicas por parte
de las corredurías públicas; ii) programas de transferencia para familias
de bajo recursos; y iii) promoción del acceso a créditos o subsidios que
reduzcan los costos.