domingo, 10 de enero de 2016

Competencia en el Mercado de Servicios Notariales en el D.F.


Debido a su importancia para una correcta especificación de los derechos de propiedad y su impacto en la economía, el mercado de servicios notariales ha estado bajo el escrutinio no solo desde la perspectiva de la literatura de competencia económica, sino también de diversas autoridades de competencia y países en el mundo. Diversos estudios de organismos internacionales como la OCDE han estudiado el sector desde la perspectiva de regulación y competencia económica.
México no es la excepción. Recientemente, la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) realizaron estudios sobre el tema desde dicha perspectiva. Estos estudios concluyen en la necesidad de diseñar una política pública de competencia en el ramo de los servicios notariales cuyo eje sea incrementar el número de notarías para corregir las fallas de mercado.
No obstante, aunque dichos estudios constituyen un primer esfuerzo sobre el tema en nuestro país, no brindan una visión integral y comprensiva de las condiciones de competencia del mercado de servicios notariales. Más aún, el diagnóstico de la problemática de competencia que identifican no es del todo correcto. Considero que el tema es más complejo y que su atención no puede reducirse exclusivamente a una cuestión relativa a la oferta económica. Existen otros factores de demanda (por ejemplo de demanda como el ingreso, el nivel de educación, entre otros) que también son parte de la problemática de competencia respecto al mercado de servicios notariales.
El “espectro de competencia” en el mercado de servicios notariales en el Distrito Federal se compone por 240 notarias y 80 corredurías públicas distribuidas en las 16 delegaciones.[ Como se puede observar, tanto las notarías como las corredurías se concentran en pocas delegaciones. Tres delegaciones concentran el 65% de las notarías; Benito Juárez (56), Miguel Hidalgo (53) y Cuauhtémoc (47).
Llama la atención que son las mismas delegaciones las que concentran el 63% de las corredurías públicas. Aunque el grado de "impugnación" de las corredurías es menor, es decir, la ley sólo le permite a las corredurías "competir" en el rubro de servicios mercantiles, es interesante observar que "estratégicamente" las corredurías, que también cuentan con fe pública, están ubicadas en las mismas zonas que las notarías.
Las notarías y las corredurías prácticamente presentan la misma distribución en las delegaciones del D.F. En este contexto, resulta pertinente preguntarse si entre los factores a los que se puede atribuir este fenómeno, se encuentra un tema de barreras a las condiciones de competencia desde la perspectiva de la nueva Ley Federa de Competencia Económica.
 
Por otro lado, las delegaciones con pocas notarias como Azcapotzalco (7), Gustavo A. Madero (5), Iztacalco (2), Iztapalapa (2), Magdalena Contreras (1) y Xochimilco (1), no cuentan con ninguna correduría pública.
Desde la perspectiva de densidad poblacional, las delegaciones más pobladas tienen una tasa de notarios por cada 100 mil habitantes inferior a las menos pobladas. Por ejemplo, las delegaciones más pobladas: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, presentan tasas de notarios de solamente 0.28 y 0.11 respectivamente, mientras que las delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, poseen tasas de 14.53, 8.84 y 14.21 respectivamente. El mismo comportamiento presentan las tasas de corredurías por cada 100 mil habitantes; las delegaciones menos pobladas cuentan con las tasas mayores, mientras las delegaciones más pobladas ostentan las tasas menores.
En este contexto, una política de competencia que tenga como objetivo central el aumento de disponibilidad de notarías con base en criterios de densidad poblacional y de indicadores de tasa de notarios (notarios por habitante o habitantes por notario), no es plausible, y por tanto no debería ser deseable desde una perspectiva de eficiencia económica.
El diseño y discusión de la política de competencia  en este mercado debería tener como piso mínimo tres directrices: i) diseño de “notarias de bajo costo” o “impugnación de mercados” en zonas geográficas específicas por parte de las corredurías públicas; ii) programas de transferencia para familias de bajo recursos; y iii) promoción del acceso a créditos o subsidios que reduzcan los costos.
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

lunes, 30 de noviembre de 2015

Efectividad de la Política Antimonopolio en México según WEF


El indicador de competitividad global del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) está conformado por doce pilares. Dentro de éstos, se encuentra un pilar denominado Eficiencia del Mercado de Bienes, el cual mide el grado en el que la competencia de los mercados es distorsionada. Dicho pilar se divide en dos apartados: a) competencia doméstica[1] y b) competencia extranjera[2], mismos que están integrados por ocho y cuatro indicadores, respectivamente. En el primer apartado de este pilar se encuentra el indicador de efectividad de la política antimonopolio.

El valor del indicador de efectividad de la política antimonopolio se calcula mediante la encuesta de percepción Executive Opinion Survey, que es aplicada anualmente a departamentos de economía de universidades nacionales altamente reconocidas, institutos de investigación independientes y agrupaciones de negocios de los países miembros del WEF. La pregunta realizada por dicho organismo es: ¿En tu país, que tan efectivas son las políticas antimonopolio para garantizar una competencia justa?, y el rango de respuestas y respectivas calificaciones va de 1 a 7, donde 1 = no son efectivas en lo absoluto y 7 = extremadamente efectivas.[3]

El indicador de efectividad de la política antimonopolio se calculó por primera vez para la edición del Reporte de Competitividad Global 2008 – 2009. En el reporte más reciente del WEF, la calificación obtenida para México de los resultados de la encuesta de percepción sobre la efectividad de la política antimonopolio incrementó sustancialmente pasando del lugar 104 a 67 (véase Gráfica).

Si duda, parte de la explicación  se debe a los efectos de la Reforma Constitucional en Competencia (2013) y la nueva Ley Federal de Competencia Económica (2014) que confiere nuevas atribuciones e instrumentos jurídicos  a la Comisión Federal de Competencia Económica. 








[1] Indicadores competencia doméstica: i) grado de dominancia del mercado; ii) efectividad de la política antimonopolio; iii) costo requerido para abrir un negocio; iv) tiempo requerido para abrir un negocio; v) costo de los procedimientos por quiebra; vi) índice de fortaleza del marco de insolvencia; vii) tasa impositiva total; y viii) efecto de distorsión de los impuestos y subsidios.
[2] Indicadores competencia extranjera: i) prevalencia de barreras no tarifarias; ii) tarifas al comercio; iii) índice de complejidad de tarifas; y iv) carga de los procedimientos aduanales.
[3] Reporte de Competitividad Global (2015–2016), pp. 65-67.

lunes, 23 de noviembre de 2015

Desempeño de Mejora Regulatoria: “OECD Regulatory Policy Outlook 2015”


 
 El 28 de octubre pasado en la Reunión Ministerial  “Toward a new visión for the public sector” en Helsinki, Finlandia la OCDE dio a conocer el reporte más importante en política regulatoria “OCDE Regulatory Policy Outlook 2015 “donde se muestra un análisis comparativo de desempeño de los países miembros.

 El desempeño de México fue sobresaliente. En particular, México demuestra: 1) tener el mejor desempeño en prácticas para la participación de los grupos interesados en la emisión y revisión de leyes y regulaciones (consulta); 2) se ubica en segunda posición en la utilización de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y 3) tiene uno de los más altos desempeños en la evaluación ex-post de las leyes y regulaciones.

 
Indicadores Regulatorios

El desempeño de la mejora regulatoria se mide con base en tres indicadores:

1.    Participación de los grupos interesados

México presenta una calificación por encima del promedio (en 0.5) de los países miembros para las siguientes subcategorías: i) metodología; ii) adopción sistemática; iii) transparencia; iv) supervisión y control de calidad, tanto para leyes primarias (>2.563) como para regulaciones subordinadas (>2.558). Lo anterior, lo coloca en la posición 1 de 34.

2.    Indicadores de la MIR

México tiene una calificación por encima del promedio (en 0.5) de los países integrantes de la OCDE para las siguientes subcategorías: i) metodología; ii) adopción sistemática; iii) transparencia; iv) supervisión y control de calidad, tanto para leyes primarias (>2.582) como para regulaciones subordinadas (>2.406). Lo anterior, lo coloca en la posición 2 de 34.

3.    Indicadores sobre análisis Ex post

Finalmente, México cuenta con una calificación por encima del promedio (en 0.5) para tres de cuatro categorías, que son: i) metodología; ii) adopción sistemática; y iii) transparencia, tanto para leyes primarias (>2.076) como para regulaciones subordinadas (>2.012). No obstante se encuentra entre el promedio (en 0.5) para la categoría iv) supervisión y control de calidad, tanto para leyes primarias (>1.576<) como para regulaciones subordinadas (>1.512<). Lo anterior, lo coloca en la posición 3 de 34.

En resumen, si consideramos el promedio de los tres indicadores, el desempeño de México es el más robusto entre los 34 países OCDE en materia de políticas de mejora regulatoria. La tabla siguiente resume el desempeño.




 
 
 
 
 

 
 

lunes, 29 de julio de 2013


“Nuevos Comisionados: Más allá de la Valentía y Vocación Pública”


El día de hoy el Comité de Evaluación anunció quienes son los candidatos a Comisionados que tienen derecho a realizar el examen de conocimientos “técnicos” este sábado 3 de Agosto para dirigir los nuevos organismos Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es importante discutir algunos elementos cualitativos-que no necesariamente se capturaran con la evaluación- que deben tener los nuevos Comisionados más allá de ser “valientes” y de “alta vocación de servicio público”, que efectivamente necesarios, pero no suficientes para encarar los desafíos emanados de la Reforma de Telecomunicaciones y Competencia.

Independencia e imparcialidad son elementos torales para garantizar no sólo la operatividad de la nueva Reforma, sino el diseño y enfoque de regulación del interés público. Derivado de la Reforma, la sociedad depositará a los nuevos comisionados y su staff profesional la expectativa de que serán independientes entre ellos, del poder ejecutivo (Presidente y Gobernadores), del poder legislativo, de los partidos políticos, de diversas facciones e intereses de grupo, grupos de apoyo (think tanks y ONGs), y desde luego de las empresas dominantes.

Las empresas “reguladas”, notablemente incumbentes desde hace tiempo, están mejor posicionada que las no incumbentes o potencialmente entrantes. No es inusual que los lobistas de las industrias provean documentos de política (“hot documents”, draft policy) durante la etapa de formulación e implementación de la política de competencia y regulación económica. Dicha información, dirigida a los Comisionados, es persuasiva en favor de las empresas dominantes. La información raramente es neutral; expertos contratados tienden a ser tendenciosos, en ocasiones, los Centros, think tanks y fundaciones promueven ideologías. En este contexto, los Comisionados tendrán que ser meticulosos respecto a la calidad y valoración de la información. Para ello, es perentorio que la CFCE y el IFETEL desarrollen aún más sus áreas técnicas cuantitativas y generar sus propias metodologías de intervención y monitoreo constante con el fin de no depender de estudios externos en situaciones cruciales, lo que le daría a ambos reguladores mayor legitimidad y credibilidad en sus decisiones. Es inconcebible, por ejemplo, que no se haya desarrollado en más 15 años una regulación asimétrica para telecomunicaciones, o una metodología consistente y permanente de precios de interconexión, o que la CFC recurra a estudios externos de impacto de bienestar en temas cruciales.

La independencia de intereses políticos es una característica esencial que deberá tener los nuevos comisionados de la CFC y del IFETEL. Es claro que debido al contexto político y a la importancia de su cargo constitucional, los comisionados no deben ser apolíticos. Sin embargo, su accionar tiene que ser imparcial y no partidista, dedicado al servicio público, enfocado al interés público, alta capacidad intelectual, todo ello normado con los principios de humildad, integridad y ética.

Comportamiento ético es una condición esencial para la implementación independiente de la regulación. Dado la importancia de ser Comisionado, esto es una verdad de “perogrullo”. No obstante, violaciones a la ética deberían de ser más públicas e investigadas. Debido a la responsabilidad de su trabajo y los efectos en millones de consumidores a causa de sus decisiones, las expectativas de los nuevos Comisionados debieran ser demandantes: mantener altos estándares de honestidad, integridad, imparcialidad y su conducta esencial para garantizar el desempeño adecuado del gobierno y mantener la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

En este contexto, cobra la relevancia el tema de transparencia, que es un valor en cada área administrativa del Gobierno, del poder legislativo y en las esferas judiciales. Las reglas de transparencia aplican a las instituciones, pero también están dirigidas a controlar el comportamiento individual. Frecuentemente la normatividad limita las vías de comunicación de los Comisionados, pero éstos deberán realizar esfuerzos adicionales para transparentar no solamente su accionar, sino también sus criterios y razonamientos que norman sus decisiones.

Si bien es cierto, que se debe capitalizar el capital humano acumulado en ambos organismos a nivel técnico, si creo que ambos organismos necesitan Plenos renovados, Comisionados con una visión más integral, creativa y crítica, con mayor especialización, es sano y necesario rejuvenecer a las instituciones.

lunes, 10 de junio de 2013


Voto de Confianza a las Instituciones: Designación de Comisionados en CFCE y EL IFETEL
Según diversas fuentes, la Reforma de Competencia y Telecomunicaciones será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el transcurso del día de este lunes 10 de junio o los próximos días sin pasar de esta semana, lo que implicará que para septiembre de este año ya deban estar integrados los plenos de la CFCE y el IFETEL. Tres temas relevantes derivado de dicha promulgación de la Reforma:
1.    El Congreso tendrá 180 para establecer tipos penales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración. Aprobar las leyes secundarias o hacer las reformas y adiciones a leyes ya existentes que se requieran para implementar lo conducente.
2.    Los Comisionados de la nueva CFCE, deberán ser elegidos de la siguiente forma:
 Dentro de los 60 días naturales a la promulgación el Comité de Evaluación enviará al Ejecutivo las listas de los aspirantes Una vez recibidas, el Ejecutivo deberá emitir sus propuestas al Senado dentro de los 10 días siguientes (uno por puesto, son 7 en total). El Senado, una vez reunido, contará con un plazo de 10 días para aceptar o rechazar la propuesta.
 
3.    El Consejo de la Judicatura deberá establecer los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Iniciativa.
Por razones de espacio, dedicaremos el tema de este blog al segundo punto. En este contexto, sorprende las declaraciones del todavía Presidente de la CFC, en el sentido de que grupos de poder buscan influir en la designación de  los comisionados en los nuevos  organismos IFETEL y CFCE. Lo que sorprende, no es el lobby de los poderes fácticos, éstos siempre han estado presentes, lo que sorprende es el hecho de que el Comisionado Presidente lance una aseveración de tal magnitud cuando abiertamente ha apoyado la Reforma de Telecomunicaciones y Competencia.
Asimismo, un destacado académico y periodista en materia de telecomunicaciones, se ha sumado al llamado convocando a los "académicos", "sociedad civil" y "profesionales en la materia " a que nos involucremos y estemos atentos a la designación de los nuevos comisionados para evitar la influencia de los grupos de interés.
 Difiero de esta perspectiva, lo he mencionado y escrito en otras ocasiones, uno de los grandes cambios-entre otros-de la Reforma es el nuevo mecanismo de designación de comisionados. Hay que decirlo, no solamente corresponde a las mejores prácticas internacionales (debido a qué involucra a otros agentes como el Senado en el proceso de asignación como contrapeso), sino que también innova con la creación de un Comité de Evaluación. Todo ello, a pesar de la modificación que sufrió la iniciativa por parte del Senado, precisamente consistió en " bajar las barreras de entrada" respecto a los requisitos para postularse (véase artículo al respecto publicado en este mismo blog).
La designación directa Presidencial de un Comisionado en un órgano regulador no garantiza la independencia y el perfil idóneo que debe tener cualquier aspirante para el cargo en cuestión. Antes de la Reforma, el caso de México era la excepción, no la regla en términos internacionales.
El encargado del primer filtro, el más importante, de acuerdo a la Reforma es el Comité de Evaluación que lo componen las cabezas de dos instituciones que gozan de credibilidad técnica y reputación probada: Banxico e INEGI. Adicionalmente a estas dos instituciones, el Comité también estará encabezado por el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), dirigido por la prestigiada investigadora y académica Silvia Irene Schmelkes.
Como lo establece la Reforma, con base en los Currículum Vitae y un examen de conocimientos técnicos, considerando la ayuda de instituciones de Educación Superior (como la UNAM, el IPN y el ITESEM) en el diseño de éste, el Comité seleccionará con base en las calificaciones más altas un pooling de candidatos (de 3 a 5) para cada uno de los siete comisionados requeridos para los nuevos organismos CFCE y el IFETEL, y posteriormente enviarlas las propuestas correspondientes al Ejecutivo, el cual escogerá de dicho pooling candidatos para mandarlos a ratificación al Senado de la República.
 Es cierto, la designación de comisionados no está exenta de la "politización", debido a que la ratificación del Senado requiere de mayoría calificada. Sin embargo, es sano por el tema de equilibrio de poderes y contrapesos. Además, el Comité no sólo tiene la obligación moral, sino también los instrumentos jurídicos (discrecionales) para garantizar que el pooling de candidatos que mande al Ejecutivo constituya un separating equilibrium; compuesto solamente de comisionados "peaches" y expulsando los "lemmons" utilizando el lenguaje de la economía de información. Es decir, el Comité puede garantizar que los candidatos sean los más capacitados para el cargo, y lograr una asignación eficiente independientemente de quienes hayan sido o no ratificados por el Senado de la República.
Sería recomendable que aquellos comisionados que están pensando en la reelección se preparen para la evaluación (en teoría tendrían el handicap de haber pertenecido a la institución) y aquellos que han declinado, realizar un balance público de su accionar con el fin de recoger lecciones y experiencias.
 

lunes, 3 de junio de 2013

Apagón Analógico en Tijuana: ¿Fue Eficiente la Política Pública de Minimización del Costo de Implementación de la TDT? 

Esta semana será inevitable seguir hablando del Apagón Analógico en Tijuana, que ha propiciado un llamado del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y una petición del Secretario de Telecomunicación Ruiz Esparza a la aún existente COFETEL de la suspensión del mismo en Ciudad de Tijuana. Además conviene escribir unas líneas al respecto, debido a que en la media, y en las redes sociales se ha politizado el tema en varios frentes generando un efecto de confusión para la mayoría de los ciudadanos ajenos a los temas especializados en materia de telecomunicaciones. 

En este contexto, primero conviene definir qué es el Apagón Analógico para no desviar la discusión. El Apagón Analógico es el proceso de cambio de tecnología denominada analógica en las televisoras. El nombre formal de este proceso de cambio tecnológico es Televisión Digital Terrestre (TDT). ¿Qué implicaciones genera el TDT?, ¿Beneficia a los consumidores? La tecnología TDT es la difusión de las señales abiertas de la televisión para transmitir de forma más eficiente, en imagen y sonido de mayor calidad, permitiendo ofrecer adicionalmente otros servicios interactivos o acceso a mayor información. Es decir, en términos de política pública con esta nueva tecnología existe utilización más eficiente del insumo escaso que es el espectro radioeléctrico, transmitiendo con la misma capacidad de bandas más canales con mejor trasmisión, imagen y sonido, y también liberando espacio para que otras empresas puedan entrar a competir mejorando las condiciones de competencia, y por ende, a los consumidores. 

Entonces, ¿cuál fue el problema en Tijuana? Para los consumidores existen dos vías para acceder a la nueva tecnología TDT: i) adquirir una nueva televisión con codificador integrado, lo que significa un gasto adicional, y ii) adquirir el codificador (precio de los decodificadores en México se estima en aproximadamente 1,000 MXP, sin incluir costos de instalación, en EUA, el mismo producto cuesta alrededor de 50 USD). Se estima que producto del Apagón del pasado 28 de mayo ordenado por la COFETEL, dejó al 3.6% de la población total de televidentes, es decir cerca de 14 mil 324 hogares, sin señal. 

El 13 de marzo de 2013, la empresa Teletec, subcontratada por la COFETEL, concretó la entrega e instalación de 192,060 decodificadores en hogares tijuanenses. Según datos oficiales de la COFETEL, se certificó que el 90% de la población de esta ciudad puede acceder a la televisión por lo que determinó fijar la fecha del apagón local en Tijuana para el 28 de mayo pasado. 

Según declaraciones del propio Presidente Comisionado de la COFETEL, Mony de Swaan, en las redes sociales el porcentaje de bateo respecto a la cobertura de instalación de decodificadores corresponde a las mejores prácticas internacionales, a excepción de Holanda que logró la cobertura de TDT de 100%; el resto de los países que han transitado a esta nueva tecnología no han logrado la cobertura total por lo que el margen de error se puede decir que es el esperado. 

Problema técnico o no, el asunto se politizó también en vísperas de las próximas elecciones estatales del 7 de julio en Baja California, cuyas campañas políticas comenzaron el pasado 25 de abril. No solamente el Alcalde Priista entró en rebelión por el tema de la ineficiencia del reparto de los codificadores, sino que también la empresa Krasovsky y Abogados presentó un amparo colectivo argumentando que el apagón dejó sin televisión a más de 130,000 tijuanenses. 

Cerrando con la cereza en el pastel, el IFE, con el apoyo del Instituto Electoral Local y de representantes de todos los partidos políticos, pidió a la COFETEL suspender el Apagón hasta después de los comicios del 7 de julio. 

A regañadientes, el Pleno de la COFETEL decide una vez más posponer la fecha de Apagón Analógico en Tijuana encontrando la vereda jurídica “Esta Comisión, por carecer de competencia en materia política electoral, sin prejuzgar en cuanto a la viabilidad o afectación de las elecciones que se llevará a cabo el próximo 7 de julio ni sobre la competencia o atribución de dicho Comité, resolvió establecer el próximo 18 de julio de 2013 como nueva fecha para la terminación de transmisiones analógicas en la Cuidad de Tijuana”. 

A pesar de que el programa del Apagón Analógico constituye un programa piloto por parte de la COFETEL-ahí el umbral relativamente bajo de garantizar sólo el 90% de cobertura de TDT-, es válido preguntarse si las políticas públicas dirigidas a minimizar el impacto del apagón fueron eficientes o no. Por ejemplo, la estrategia usada por las autoridades estadunidenses para evitar inconformidades ante un apagón, fue el repartir cupones por 50 USD, que pueden ser utilizados para comprar cualquier decodificador que el consumidor desee (en caso de querer un aparato más sofisticado, el consumidor paga la diferencia). Sería oportuno-que queda fuera del alcance de este blog-realizar un ejercicio analítico comparativo con mayor profundidad respecto a las políticas públicas de minimización del impacto del Apagón Analógico con los países que han transitado a TDT. Existe el deadline derivado de la Reforma en Telecomunicaciones para el 2015 y el nuevo IFETEL será autónomo, más nos vale aprender las lecciones de Tijuana y rediseñar la estrategia de política pública de minimizar el costo de implementación.

lunes, 20 de mayo de 2013

¿Por Qué Omitió el Banxico el Índice IDD en su Análisis de Evaluación de Competencia? : “Am Just Asking!”


Recientemente discutimos si el Banco Central debe o no evaluar las Condiciones de Competencia en los Mercados Financieros. Nos preguntábamos de la viabilidad de una institución con una reputación intachable y con objetivos distintos a la eficiencia económica debiese evaluar las condiciones de competencia, y en su caso, generar la normatividad regulatoria necesaria para corregir las fallas de mercado.

En aras de seguir este debate, en la sección de concentración el reporte del Banxico “Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de crédito”, se señala: “La concentración bancaria en México, medida en términos de activos, ha permanecido relativamente estable a lo largo de las últimas décadas, con repuntes transitorios durante la época de la banca nacionalizada (1982-1989) y los años de alta entrada de inversión extranjera al sector (2000-2002)”. 

La evidencia para tal aseveración, fue la trayectoria del índice de concentración denominado Herfindahl-Hirschman (IHH). El IHH es el más usado en el análisis de competencia y regulación económica tanto por las autoridades de competencia como por las agencias reguladoras. Es igual a la sumatoria de las participaciones individuales al cuadrado. El valor máximo del índice es uno, que es cuando una sola empresa (monopolio) concentra todo el mercado. Y el valor mínimo que es cero, que es cuando cada una de las firmas posee una participación de mercado muy pequeña, es decir, todas las empresas son del mismo tamaño.
El IHH, al igual que los demás índices, tiene la característica de cualquier fusión eleva su valor, aunque es un hecho probado que hay fusiones que aumentan la competencia. Cualquier transferencia de producción de una empresa a otra siempre aumenta el IHH.
Sin embargo, por normatividad, en México, adicionalmente al IHH la todavía autoridad de competencia, la CFC utiliza otro índice de concentración denominado índice de dominancia (ID).  Este índice se calcula con la siguiente formula:

Donde si representa la participación de mercado de las firmas “i”, y IHH indica el índice de Herfindahl-Hirschman. Como en el caso del IHH, el índice de ID se encuentra limitado en cero y uno (o entre o y 10,000, si las participaciones de mercado son expresadas en porcentajes).

Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué el Banxico no incluyó este índice en su análisis? La gráfica siguiente además de reproducir el índice IHH calculado por el Banxico (con datos de la CNBV), también muestra el IDD que a diferencia del IHH, este muestra el tamaño relativo de las empresas con respecto al mercado. 


Cómo se puede observar, el IDD cuenta otra historia. La concentración bancaria (medida en términos de activos) no ha sido estable y se ha mantenido relativamente alta. La diferencia entre ambos índices  es sustancial, más de mil puntos. Historia similar para el nivel de concentración de la cartera total de la banca (véase la siguiente gráfica).

¿Por qué omitió el Banxico este índice?,  Am just asking